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Elecciones Presidenciales 2018 PDF Imprimir E-mail
Martes, 15 de Mayo de 2018 13:58

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Desde el año 2007, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela ha sido blanco de ataques y actos de violencia que -aunque no han evitado la exitosa realización de los eventos electorales- han afectado la normalidad democrática del país. Estos ataques, en ocasiones organizados y ejecutados por dirigentes y partidos políticos, se expresan mediante agresiones directas a las instalaciones, autoridades y personal del CNE, incluyendo sus familias.

 

El ataque directo al organismo electoral es un hecho inédito en la vida política del país y carece de referente internacional. Mediante estas acciones, grupos minoritarios de activistas políticos han ejercido una lamentable y bochornosa presión sobre el organismo electoral, alcanzando en ocasiones elevados niveles de violencia que conforman auténticos delitos penales. Como en muchos países del mundo, en Venezuela constituye delito todo acto de naturaleza violenta que perturbe o intente impedir el normal desarrollo de los procesos eleccionarios.

La violencia contra el CNE tiene diversos fines y modalidades que afectan sensiblemente la naturaleza cívica con que debe transcurrir un evento electoral. Su objetivo final es minar la credibilidad de la institución electoral a fin de desacreditar su actuación y estimular la confrontación política.

En particular, preocupan los reiterados actos de acoso y agresión física contra los funcionarios y las funcionarias del Poder Electoral. Veamos aquí algunos de estos hechos:

Año 2013:

Al término de la elección presidencial de ese año, el entonces candidato de oposición, Henrique Capriles, desconoció los resultados e hizo un llamado a la violencia callejera y contra el CNE, lo que provocó la muerte de 11 personas.

Siete sedes del CNE fueron atacadas y sus trabajadores asediados en los estados Anzoátegui, Mérida, Monagas, Sucre, Trujillo, Zulia y Yaracuy.

Directivos del ente comicial fueron acosados en sus viviendas, entre ellas la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, cuya casa de habitación fue asediada, y sus habitantes virtualmente secuestrados, por grupos violentos la noche del 15 de abril.

Durante una manifestación de apoyo al CNE en las inmediaciones de la sede del ente comicial en el estado Zulia, el 16 de abril, un joven fue asesinado por francotiradores.

Año 2014:

Durante las protestas violentas, entre los meses de febrero y junio, en el contexto de la denominada Operación La Salida, convocadas por la oposición, fueron atacadas las instalaciones de tres oficinas del CNE en los estados Lara, Táchira y Anzoátegui.

La sede del CNE del estado Zulia fue incendiada y destruida en su totalidad.

Las residencias familiares de altos funcionarios del Consejo Nacional Electoral también fueron víctimas de acciones de acoso y agresión.

Cortes de calles, rutas y bloqueo de acceso a urbanizaciones en algunos municipios del país, también afectaron durante meses el acceso a sedes del CNE, impidiendo el traslado del personal desde sus casas hacia sus sitios de trabajo.

 • Año 2015:

oDurante el año 2015, los principales dirigentes de oposición lideraron una campaña de descrédito en contra del CNE y sus autoridades. Desde principios de este año, se inició una operación mediática con cuatro matrices negativas en contra del organismo comicial: El CNE permite fraude, no es autónomo, no es imparcial y desmotiva al voto opositor. Al término de las elecciones parlamentarias de ese año, cuyos resultados le dio la mayoría a la oposición, no hubo entonces rectificación alguna por parte de ningún representante y líder opositor por los ataques.

 • Año 2016:

En el contexto de las actividades referentes a la solicitud de la oposición para realizar un referendo revocatorio contra el Presidente de la República, el Consejo Nacional Electoral y sus trabajadores fueron objeto, nuevamente, de asedio por parte de grupos políticos opositores.

Durante la jornada de validación de firmas, realizada en junio de ese año, más de 20 funcionarias y funcionarios fueron objeto de agresiones verbales y físicas en el ejercicio de sus funciones.

Varios trabajadores del CNE fueron blanco de campañas de odio en redes sociales por parte de líderes políticos de oposición, incluyendo las máximas autoridades del organismo.

Las instalaciones de cinco sedes del CNE en las estados Táchira, Trujillo, Carabobo, Yaracuy, Mérida y Lara fueron agredidas en diversos grados, incluyendo disparos y el lanzamiento de artefactos incendiarios.

Las autoridades del CNE se vieron obligadas a suspender las actividades laborales de la institución en tres oportunidades como consecuencia de manifestaciones violentas contra sus instalaciones, como medida para evitar agresiones en contra de sus funcionarios y funcionarias.

Trabajadores y trabajadoras del Consejo Nacional Electoral se vieron forzados a solicitar amparo constitucional, al Tribunal Supremo de Justicia, como consecuencia de amenazas a su integridad física y los impedimentos ocasionales de acceder a sus sitios de trabajo.

Desacreditar al árbitro electoral.En los últimos años, el organismo electoral ha sido objetivo de una creciente campaña de desprestigio, dirigida especialmente contra sus autoridades. Esta campaña que usa los medios de comunicación, y particularmente las redes sociales, que incita el odio en contra de las autoridades y trabajadores electorales tiene dos grandes objetivos:

1. Desdibujar ante la comunidad nacional e internacional las funciones del CNE. Esta campaña intenta separar al sistema electoral, reconocido en su buen funcionamiento, de las decisiones y políticas adoptadas por sus autoridades, presentando a las autoridades como “delincuentes”.

2. Fracturar y debilitar la moral de la institución, amedrentando e intentando desmoralizar -mediante criminales acusaciones mediáticas- a los funcionarios y las trabajadores del organismo electoral.

 

Especial mención debe hacerse en relación con la campaña dirigida, durante el año 2016, contra la presidenta del órgano electoral, Dra Tibisay Lucena, la cual constituye un repudiable ejemplo de violencia de género y de incitación al odio. Esta agresiones, dirigidas a dañar su honor y su reputación incluyendo su entorno familiar, es una constante a la que han estado sometidas las autoridades del ente electoral.

 Año 2017. Violencia durante la elección de la Asamblea Nacional Constituyente

El Consejo Nacional Electoral sufrió directamente la violencia política desde el mismo momento en que convocó de manera legítima - y de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución- la elección de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

La oposición política, que rehusó participar en la elección del 30 de julio, hizo llamados públicos a sabotear e impedir el proceso electoral en clara violación a la Constitución y a las leyes electorales. En Venezuela, el llamado a la abstención en una elección constituye falta electoral. La convocatoria a impedir por la fuerza el derecho al voto a los ciudadanos, por parte de partidos políticos que hacen vida y han obtenido cargos electorales mediante el mismo sistema electoral, constituye, sin duda, un lamentable retroceso político de parte de un sector del país.

En los días previos a la elección, funcionarios y funcionarias electorales fueron víctimas de la campaña de incitación al odio, al ser sometidos a agresiones y vejámenes, en sus lugares de trabajo y en sus casas de habitación para obligarlos a entregar las máquinas de votación y el material electoral para su destrucción.

Debido a los altos niveles de violencia contra el proceso electoral constituyente del 30 de julio, expresado en los ataques directos a la sedes, infraestructura electoral y personal, el CNE debió dictar medidas extraordinarias en más de 150 municipios para garantizar el derecho al voto del electorado venezolano.

Estas medidas incluyeron:

• Reubicar los centros de votación de aquellas zonas afectadas por la violencia.

• Establecer condiciones para que las electoras y los electores de las zonas afectadas por la violencia pudieran votar en cualquier otro centro de votación de su municipio.

• Abrir centros de votación de contingencia en ciudades como Caracas.

• Adoptar protocolos adicionales de seguridad para garantizar la transparencia del voto.

La plataforma automatizada de votación (máquinas de votación, equipos de transmisión y material electoral) fue distribuida en algunos municipios del país en medio de una fuerte violencia callejera y de barricadas que bloqueaban el acceso a centros de votación. Esta tarea fue realizada por parte de los trabajadores del organismo electoral, con graves riesgos para la integridad física, y su exitosa culminación debe atribuirse a una profunda mística y vocación de servicio del personal electoral.

El día antes de la elección, varios centros de votación fueron asaltados por grupos violentos y en algunos lugares fueron quemadas máquinas de votación y material electoral. No obstante, la mayor parte de la infraestructura electoral fue protegida por el personal, a riesgo de su propia vida. Varios trabajadores del CNE fueron agredidos en la calle por el solo hecho de portar el uniforme y los signos distintivos de la institución.

El día de la elección y estando en pleno desarrollo la votación, un centro de votación en el estado Táchira, al occidente del país, fue atacado con disparos. En el centro, centros de votación del estado Guárico recibieron el impacto de bombas incendiarias. Pese a ello, los responsables de los centros mantuvieron en resguardo los votos que ya habían sido emitidos.

Además de la violencia física, estos trabajadores del ente electoral enfrentaron también una campaña de intimidación en redes sociales por parte de Provea, organización dedicada a los derechos humanos, cuyos contenidos y alcances fueron denunciados en su oportunidad.

• Al término de este proceso electoral, el CNE contabilizó:

Agresiones directas a más de 200 de funcionarios electorales.

Más de 200 máquinas de votación destruidas.

Ataques a varias de sus sedes, siendo que una de ellas fue quemada parcialmente.

Ataques a vehículos y viviendas de funcionarios electorales.

 • Los estados más afectados, en su infraestructura y a sus funcionarios y funcionarias fueron Táchira, Mérida, Barinas, Zulia, Aragua, Barinas. El CNE también recibió agresiones en municipios de los estados Anzoátegui y Miranda.

Un total de 49.947 funcionarios y funcionarias, personal técnico y venezolanos y venezolanas, en cumplimiento de su servicio electoral como miembros de mesa y de juntas, fueron afectados de forma directa por la violencia contra el proceso electoral. Veamos aquí algunos ejemplos:

 

CAMPAÑAS ANÓNIMAS EN REDES SOCIALES

Durante los últimos tres años las campañas anónimas de incitación al odio contras las autoridades electorales han ido aumentando en frecuencia e intensidad.

 

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